Un paso más cerca de la facturación electrónica en España

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El pasado 16 de julio se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes el Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. El objetivo de esta iniciativa, enmarcada en el plan de reforma de la Administración Pública, es mejorar la competitividad y eficiencia de las empresas, así como reducir las cargas administrativas.

Según las previsiones del Gobierno, la implantación de la factura electrónica podría tener un beneficio neto anual para la Administración General del Estado de 51 millones de euros. Además, se ahorrarían 2,3 millones en papel, a los que habría que añadir la repercusión medioambiental que eso conlleva.

De aprobarse la ley, a partir del 1 de enero del próximo año, el Sector Público ya debería operar con un nuevo procedimiento de tramitación de facturas. Todas las Administraciones contarán con un registro contable de comprobantes, cuyos encargados remitirán a la Agencia Tributaria la información sobre las facturas recibidas. Esto permitirá un conocimiento inmediato de la realidad patrimonial, por lo que se podrían establecer presupuestos más adaptados a la realidad y, por tanto, las cuentas públicas serían más fiables.

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