La Administración General del Estado ahorrará 5,5 millones de euros anuales con la Facturae

A partir del 15 de enero del próximo año, la Administración General del Estado podría ahorrar unos 5,5 millones de euros anuales debido a la implantación de la factura electrónica. Según los cálculos del Plan Avanza, cada documento costará 3,48 euros menos de lo que supone el proceso en papel. De estos, 2,78 euros corresponden a la entidad receptora, la más beneficiada, y 70 céntimos al emisor.

Además, la sustitución de las facturas tradicionales por las electrónicas reducirá el tiempo destinado a este procedimiento en, aproximadamente, un 80%. Y es que, mientras que para realizar una factura manualmente se necesitan unos 17 minutos, para hacerlo en formato electrónico apenas se requieren 3. Esto se debe a que la facturación electrónica permite automatizar casi por completo la mayor parte de las tareas y minimizar el margen de error del proceso tradicional.

En 2013, los proveedores de la Administración General del Estado tramitaron en torno a 2 millones de facturas. A partir del 15 de enero de 2015, será obligatorio que estas se presenten electrónicamente en el formato Facturae 3.2. El objetivo, además del ahorro económico, es reducir los tiempos de pago, mejorar el control fiscal, facilitar el procedimiento y permitir que los proveedores puedan consultar el estado real en que se encuentran sus facturas.

Aunque la ley 25/2013 no establece la obligatoriedad de la Facturae hasta dentro de 4 meses, algunas autonomías han adelantado este plazo. Es el caso de La Rioja y la Generalitat Valenciana, donde se implantó el pasado 1 de julio. En el ámbito autonómico, el Gobierno valenciano prevé ahorrar unos 500.000 euros en esta fase inicial.

Mientras tanto, otras administraciones locales y autonómicas españolas ya están preparándose tecnológicamente. De hecho, algunas de ellas cuentan con plataformas de facturación electrónica operativas desde hace tiempo. Entre ellas, la Región de Murcia o Castilla-La Mancha.