Cuenta atrás para la implantación de la Facturae

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Faltan menos de cuatro meses para que la factura electrónica con la Administración sea obligatoria en España. A partir del 15 de enero del próximo año, todos los proveedores deberán emplear este nuevo sistema en sus relaciones comerciales con los organismos públicos, tal y como determina la Ley 25/2013. El objetivo de esta normativa es generalizar el uso de la denominada Facturae para reducir la morosidad y tener un conocimiento más inmediato de la realidad económica.

Actualmente, ya son muchas las Administraciones que han desarrollado la infraestructura tecnológica necesaria y se encuentran preparadas para emitir y recibir facturas electrónicas. De hecho, dos de ellas, la Comunitat Valenciana y La Rioja, decidieron incluso adelantar el plazo fijado por la ley estatal. Desde julio, los proveedores de estas autonomías deben emitir Facturae.

También las empresas afectadas por la normativa están ya poniendo en marcha la implantación de la factura electrónica. La cuenta atrás para este sistema ha comenzado y es necesario estar a punto en menos de cuatro meses para evitar posibles penalizaciones. Además, hay que tener en cuenta que los proveedores de las Administraciones que ya utilicen factura electrónica, pero en un formato diferente al de la Facturae, deben adaptarse obligatoriamente al nuevo esquema (la versión vigente hoy en día es la 3.2).

Con la adopción de la factura electrónica, la Administración General del Estado podría ahorrar 5,5 millones de euros anuales. Este ahorro de costes se extenderá a los proveedores, que además se beneficiarán de una mayor productividad en sus empresas debido a la automatización de las tareas.

Soluciones para emitir Facturae

EDICOM, referente internacional en facturación electrónica, ha diseñado diferentes soluciones para emitir Facturae, que se adaptan a las necesidades de cada empresa: desde plataformas web indicadas para bajos volúmenes de facturación hasta otras más avanzadas integradas con el ERP. Todas ellas garantizan la conectividad con cualquier organismo local, autonómico o estatal, gracias al HUB de Administraciones Públicas.