Modificaciones de la ley de factura electrónica

Desde la puesta en marcha de la factura electrónica en España el pasado mes de enero, se han producido diversas dificultades que han impedido un uso óptimo de este sistema. Las Administraciones y los proveedores no han podido cumplir con los derechos ni las obligaciones que exige esta modalidad de facturación. Por eso, para mejorar esta situación, el pasado 24 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado una modificación de la Ley 25/2013.

La enmienda incluye cambios en cinco de los artículos de la normativa. La mayoría de ellos están relacionados con la regulación de los puntos generales de entrada de facturas electrónicas en los diferentes organismos. También se abordan otros relacionados con el registro contable de facturas. El objetivo es propiciar un control más riguroso de los documentos y agilizar así los plazos de pago.

¿En qué consisten las modificaciones?

  • Se especifica el derecho de los proveedores a recibir información detallada sobre la Factura electrónica a través del organismo que determine cada Administración (artículo 4).
  • Con respecto al punto general de entrada de facturas electrónicas, se determina que las entidades locales pueden adherirse al punto que proporcione su diputación, la comunidad autónoma o el Estado. También, se señala que las autonomías pueden sumarse a FACe (artículo 6.1).
  • En los casos en los que la Administración Pública no disponga de punto general de entrada, ni se haya adherido al de otra Administración, el proveedor tiene derecho a presentar su factura electrónica en FACe. Después el documento se depositará en un repositorio “donde la Administración competente será responsable de su acceso, y de la gestión y tramitación” (artículo 6.7).
  • El artículo 6.8 recoge la obligación de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares de colaborar y ofrecer los medios técnicos necesarios para la Facturae en los municipios de menos de 20.000 habitantes.
  • En cuanto a los registros contables de facturas, se determina que estos podrán conectar con distintos puntos generales de entrada y con FACe, cuando la Administración correspondiente se haya adherido al mismo. Además, se señala que la anotación de la factura en el registro dará lugar a la asignación automática de un código de identificación, que deberá comunicarse de inmediato a los puntos generales de entrada con los que esté interconectado (artículo 9).
  • Otra de las novedades destacadas es que se incluye un nuevo apartado en el artículo 12 que establece una auditoría anual de sistemas para verificar el buen funcionamiento de los registros contables. Ese informe también contará con un análisis de los tiempos medios de inscripción de facturas en el registro y con el número de facturas electrónicas rechazadas en esa fase, además de las causas.
  • Por último, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se compromete a mantener un directorio actualizado con la dirección electrónica de los puntos generales de entrada de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. El objetivo es que los proveedores puedan consultar esta y otra información complementaria que les sea de utilidad.

Fuentes:

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-127-2.PDF

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face

La Factura electrónica con la administración pública, seis meses después

La factura electrónica es obligatoria para el Sector Público español y sus proveedores desde el pasado 15 de enero. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer para que este nuevo sistema permita obtener a sus usuarios todas las ventajas que tiene. Y es que, seis meses después de su puesta en marcha, continúan detectándose algunos errores técnicos en las administraciones que dificultan la emisión y la recepción de las facturas.

A mitad de abril, aun había multitud de entidades de todos los niveles de la Administración que no estaban operativas. Entre ellas, algunas tan relevantes como el Banco de España, el ICEX, el Congreso de los Diputados o el Senado. Según AMETIC, 73 organismos pedían expresamente que las facturas se enviran en papel. Además, 1307 entidades demandaban que se accediese a su web a mecanizar la factura. Un problema que debería resolverse cuanto antes poniendo un plazo límite a este incumplimiento.

Más allá de la falta de preparación de los organismos públicos, la Factura Electrónica (Facturae) tiene que abordar otros aspectos que permitan optimizar el proceso al máximo. Podemos resumirlos en los siguientes puntos:

  • Habilitar un registro actualizado de puntos de entrada. Actualmente, cada entidad tiene la posibilidad de desarrollar su propio punto. De hecho, ya se han detectado más de 79. No obstante, no existe ningún censo en el que poder conocerlos todos.
  • Homogeneizar el tratamiento de adjuntos, puesto que en estos momentos cada comunidad autónoma elige la alternativa que considera oportuna (incorporados en el xml, envío síncrono, limitaciones de tamaño, etc.). Esto dificulta las operaciones.
  • Solucionar las confusiones de la limitación de los 5000 euros. La normativa indica que las facturas con un importe menor a esta cantidad podrán enviarse en papel si así lo indica expresamente la Administración correspondiente. Sin embargo, tampoco hay un registro en el que se detalle qué comunidades se han adherido a esta posibilidad.
  • Informar correctamente de los códigos DIR3. A la hora de enviar la factura, muchos proveedores se han encontrado con que desconocían el código que identifica a la administración receptora del documento. En otros casos, el problema es que se ha utilizado el mismo código para identificar a más de una entidad.
  • Devolver los estados de la factura. Una de las principales ventajas de la factura electrónica es que permite conocer a los proveedores el estado en que se encuentra el documento. Sin embargo, hay entidades que todavía no informan de ello. En este sentido, también sería conveniente unificar el tipo de estado que se devuelve.

La Factura Electrónica permite agilizar los procedimientos, mejorar los tiempos de cobro y aumentar el ahorro económico, tanto en el Sector Público, como en el privado. Por eso, es fundamental solucionar cuanto antes los problemas técnicos que se han detectado y empezar a aprovechar al máximo este salto tecnológico.